La crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 ha impulsado el despliegue de la administración electrónica y los mecanismos de GovTech. El equilibrio entre las medidas para contener la enfermedad y el mantenimiento de los servicios ha supuesto un esfuerzo en la implantación de medidas de verificación de identidad por procedimientos como la videollamada.

De forma no planeada, se han dado pasos importantes para que los ciudadanos cuenten con una identidad digital fuerte pero también de fácil acceso y uso, que les permita relacionarse con la administración en remoto.

En la recuperación post pandemia, los gobiernos han puesto el foco en la tecnología como motor para el crecimiento económico. Se trata de incrementar la eficiencia, reducir costes e, incluso, incrementar la sostenibilidad a través de la innovación. La digitalización de las relaciones entre ciudadanos y organizaciones públicas y privadas tiene un papel importante en este contexto: un estudio de Electronic IDentification en conjunto con el IE estima que un Estado podría liberar 13,6% de su PIB si consigue desplegar todas las posibilidades de la identidad digital en la administración 2.0.

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Desafío 2.0: la aplicación de la verificación de identidad en la administración pública

Al hablar de administración digital o administración 2.0, hablamos de modernizar los procesos de las instituciones públicas e incrementar el alcance de sus servicios a través de las innovaciones tecnológicas.

Una de sus manifestaciones prácticas es la posibilidad de realizar trámites de forma telemática con las administraciones locales, regionales y estatales. Esto requiere la verificación de la identidad de la persona que lo solicita. Las administraciones deben verificar que el solicitante es quién dice ser, y deben hacerlo cumpliendo con todos los requisitos que marca la regulación.

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GovTech y los usos de la verificación de identidad

Sin embargo, la administración digital es más que tramitar documentos. Digitalizar tiene que implicar la simplificación de procesos y reducción de tiempos en una relación administración-ciudadano más personalizada, transparente y accesible. Ahí entra el concepto de GovTech una transformación digital de lo público paralela a la de otros sectores como el financiero (Fintech) o el de los seguros (Insurtech).

El objetivo de la GovTech es utilizar mejor los recursos que ya se tienen para dar un mejor servicio, eliminando las duplicidades. Para ello se están dando pasos para la aplicación de tecnologías disruptivas como el blockchain, la inteligencia artificial o el machine learning, para la automatización de procesos y para el uso del análisis de big data en la planificación de los servicios públicos.

Sin duda, la verificación de la identidad de los ciudadanos es la piedra angular de la GovTech. Y esta tiene una infinidad de aplicaciones y usos, entre los que destacan:

  • Cumplimiento de las obligaciones tributarias, pago de impuestos y multas o presentación de facturas electrónicas.
  • Gestión de prestaciones sociales (paro, maternidad y paternidad entre otros).
  • Altas y bajas censales, solicitud de certificados (empadronamiento, nacimiento, matrimonio, antecedentes penales…).
  • Presentación de candidaturas para los empleos públicos.
  • Fomento de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión.
  • Gestión de ayudas, becas y subvenciones.
  • Modificaciones catastrales.
  • Solicitudes en el registro civil.
  • Acceso a historiales clínicos, petición de citas médicas, receta electrónica…

La digitalización de servicios existentes

Algunos organismos públicos, como la agencia tributaria o el INSS, han avanzado mucho en la digitalización de sus servicios.  Sin embargo, no todas avanzan a la misma velocidad ni con el mismo éxito.

La verificación de la identidad online y la firma electrónica son aspectos cruciales en los que la accesibilidad debe ser uno de los principales puntos a tener en cuenta. A día de hoy encontramos múltiples sistemas de identificación, con diferentes niveles de seguridad y alcance. La variedad y complejidad de estos procedimientos dificulta el acceso de los ciudadanos a la administración digital, sobre todo cuando conseguir una firma electrónica o un certificado digital requieren de una cita presencial y no puede obtenerse a distancia.

Tecnologías para la ‘aplicación de la verificación de identidad’

El reglamento europeo eIDAS regula las tecnologías que pueden emplearse para la identificación en el sector público y en el privado.

Por un lado está la verificación previa a la obtención del certificado o firma electrónica. Así, el vídeo es la única tecnología de verificación en remoto que cumple con todos los estándares y requerimientos legales, mientras que otras alternativas, como la fotografía personal o selfie, no sirven para la verificación de identidad. Nuestra tecnología VideoID es una de las mejores para este proceso de verificación por su velocidad, fiabilidad y posibilidad de usarse de forma síncrona o asíncrona.

A la hora de identificar al ciudadano durante las transacciones, se establecen varios niveles de autenticación según el grado de seguridad: firma electrónica simple, avanzada y cualificada. Además, hay varias alternativas tecnológicas para garantizar la seguridad, que pueden utilizarse en modo offline o online:

  • Firma manuscrita digitalizada (offline)
  • Envío de códigos de seguridad por SMS o llamada (offline y online)
  • Biometría facial o de reconocimiento de voz (offline y online)
  • PIN personal (online)

Electronic IDentification es el único prestador de servicios de confianza del mercado que cuenta con una solución patentada y end-to-end de vídeo identificación automática y Firma Electrónica Cualificada (QES) sin intervención humana y con un proceso que se realiza en segundos.

Beneficios de la aplicación de verificación de identidad de los ciudadanos por medios electrónicos en la administración pública

  1. Simplificación de la tramitación: procesos e información más accesible.
  2. Interconexión de administraciones: autorización de consulta, reducción de tiempos y papeleo. 
  3. Incremento de la eficiencia: menos tiempo, menos esperas y menos coste de tramitación.
  4. Mayor alcance de los servicios: acceso desde cualquier sitio y en cualquier momento.
  5. Mejora de la seguridad en las transacciones: sistemas como el VideoID y la Firma Electrónica Cualificada (QES) evitan el fraude al garantizar la identidad del usuario.
  6. Mayor sostenibilidad: reducción del uso de papel y de los desplazamientos.